El Foro de Acción Rural pide al próximo Gobierno diez compromisos para que vivir en un pueblo no suponga renunciar a derechos

A diez días de las elecciones del 29N, la plataforma remite a todos los partidos una hoja de ruta que une pueblos vivos, alimentación sostenible y protección de la naturaleza. La concreta en doce leyes y planes de ámbito estatal.

El Foro de Acción Rural (FAR) ha remitido hoy 19 de noviembre de 2026 sus propuestas de gobierno
a todos los partidos que concurren a las elecciones generales del 29 de noviembre. Son diez
compromisos y doce instrumentos estatales para la próxima legislatura, que parten de una premisa
compartida: residir en un pueblo debe ser una elección y no una renuncia a derechos.

El documento nace del acuerdo entre organizaciones agrarias, sindicales, ambientales, forestales,
de mujeres rurales y de desarrollo rural y territorial. El FAR lo dirige a las fuerzas políticas que formen
el próximo Gobierno, sea cual sea su composición, y al conjunto de grupos parlamentarios.

Su punto de partida es que los problemas del medio rural no se resuelven por separado. Sin territorios
vivos no hay quien cuide la tierra, sin ecosistemas sanos y un clima habitable no hay bienestar
duradero, y sin una producción alimentaria sostenible no hay seguridad alimentaria. Son, en
palabras del Foro, “las tres patas que sostienen nuestro futuro compartido”.

Necesitamos un programa de gobierno real para el medio rural. Cohesión territorial, medio ambiente y clima y sistemas alimentarios que funcionen son los 3 ejes sobre los que vertebrar. Desde el Foro Acción Rural, seguiremos trabajando en la próxima legislatura, para que no quede en palabras vacías.

PORTAVOCES DEL FAR

Servicios, empleo y un reparto justo del valor

El FAR reclama en sus propuestas una política de cohesión social y territorial con entidad propia
y financiación suficiente, que dé prioridad a la sanidad, la educación, la vivienda asequible, las redes
comunitarias de cuidados, la conectividad y la movilidad en las zonas rurales. A ello se suma
la demanda de un empleo estable y de calidad, con apoyo a pequeñas empresas, cooperativas y
proyectos de economía social.

En el terreno alimentario, propone defender una Política Agraria Común (PAC) bien financiada y
repartida con equidad, que dé prioridad a la agricultura familiar sostenible, al relevo generacional
y a la incorporación de mujeres y jóvenes. Apuesta por el pastoreo y la agricultura ecológica, por
cadenas alimentarias que repartan el valor de forma justa y por los circuitos cortos. Además, pide
evitar los llamados desiertos alimentarios.

El tercer eje exige financiación específica y estable para la biodiversidad, la restauración de
ecosistemas y la acción climática. Para ello se proponen medidas para la adaptación al cambio
climático, la gestión del suelo y del agua y el reconocimiento económico de las prácticas agrícolas,
ganaderas y forestales que conservan hábitats, mejoran los suelos y previenen incendios.
Como propuesta transversal, el Foro pide construir las políticas rurales con quienes habitan, trabajan
y cuidan el territorio.

Doce leyes y planes para pasar a la acción

Un anexo traduce los compromisos en instrumentos de ámbito estatal, respetando las competencias
autonómicas. Entre ellos figuran la actualización de la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural con presupuesto adecuado, una Mesa Estatal del Medio Rural, una Ley Estatal de
Agricultura Familiar, un Plan Estatal para la Ganadería Extensiva y una Ley Estatal para la
Dehesa. Incluye también planes de acción para la producción, transformación y consumo de alimentos
ecológicos, un Consejo Nacional de Alimentación Sostenible y leyes estatales de protección
de espacios agrarios, de conservación de suelos y una nueva norma de protección del patrimonio
rural inmaterial.

Las organizaciones proponen que estas medidas entren en el acuerdo de gobierno y en el programa
de legislatura, y que el nuevo Ejecutivo las defienda en la negociación del presupuesto europeo
2028-2034 y las tenga en cuenta al diseñar los instrumentos nacionales y regionales que canalizarán esos fondos. El FAR se ofrece a dialogar con el Gobierno y los grupos parlamentarios, y
hará seguimiento de su aplicación durante toda la legislatura.