El decálogo del FAR se centra en asegurar una transición justa en el medio rural, destacando la importancia de visibilizar y valorizar este entorno.
Propone dignificar la vida rural, garantizar la igualdad de oportunidades para mujeres y jóvenes, y empoderar a la población local para promover el desarrollo socioeconómico.
Reconoce la contribución del medio rural al bienestar general, tanto en la gestión del territorio como en la producción de alimentos y la conservación del medio ambiente y el patrimonio cultural.
Además, aborda el problema del despoblamiento y la falta de políticas adecuadas, proponiendo medidas para promover el empleo de calidad y la incorporación de jóvenes cualificados.
Destaca la oportunidad que ofrecen la nueva PAC y los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para equilibrar y cohesionar territorialmente España y sus regiones, impulsando el desarrollo rural de manera sostenible e innovadora.
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La Política Agraria Común (PAC) es una política clave desde el punto de vista económico, social y ambiental. Tiene que hacer frente a retos de carácter transversal, como ofrecer una renta justa a los agricultores y asalariados agrícolas, luchar contra el cambio climático, preservar los recursos naturales y mantener la calidad de vida en el mundo rural. Para ello, se necesita una PAC correctamente diseñada, con unos objetivos revisados que respondan a las demandas de los ciudadanos, a la magnitud de los retos mencionados y con un presupuesto adecuado.
El Foro Acción Rural presenta sus propuestas para una nueva PAC más allá de 2021 que contemple todos estos elementos.
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La participación es crucial para integrar intereses sociales, económicos y ambientales en las políticas públicas, especialmente en las relacionadas con el medio rural. En el caso de la programación de los fondos europeos 2014-2020, la participación es obligatoria según la normativa comunitaria, establecida en el Reglamento delegado para el Código de Conducta Europeo sobre las Asociaciones. Además, el Convenio de Aarhus, en vigor en España desde 2005, establece disposiciones similares para el medio ambiente.
Las Redes Oficiales para el apoyo al desarrollo rural incluyen, en el periodo 2014-2020, el objetivo de mejorar la participación en las políticas de desarrollo rural. El Foro de Acción Rural (FAR) sostiene que una auténtica participación de todos los interesados es esencial para alcanzar los objetivos previstos. Por ello, las administraciones deben implementar procesos participativos transparentes y la Comisión Europea debe garantizar el cumplimiento de esta legislación. Se propone la creación de un Grupo de Trabajo dentro de la Red Rural Nacional y una Mesa Estatal del Medio Rural para mejorar la participación y gobernanza.
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Durante los próximos diez años, los gobiernos de todos los países miembros de Naciones Unidas deben centrar su atención en tratar de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se establecen en el plan de acción, pero la emergencia sanitaria cada vez aleja más estas metas de las estrategias políticas y empresariales.
No obstante, con la valoración creciente de la economía circular, el reconocimiento de los valores ambientales, sociales y culturales de una actividad agroforestal más vinculada con el territorio y sus recursos naturales, las zonas rurales parecen como oportunidades para alcanzar los ODS y promover un nuevo modelo de desarrollo rural, en consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo y sus estrategias del “Campo a la Mesa” y para la Biodiversidad 2030.
En este contexto, el Foro Acción Rural (FAR), plataforma compuesta por asociaciones y organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal, acaba de presentar su informe con 65 propuestas para lograr un desarrollo sostenible en el medio rural, y que trasladarán ahora a las Administraciones públicas competentes.
Entre otras medidas, el FAR propone renovar y poner en marcha la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural para que impulse la actividad agraria sostenible, permita la diversificación de la actividad económica en el territorio y dote de servicios necesarios a muchos pueblos como escuelas, centros de salud, medios de transporte sostenibles o banda ancha.
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Hacia un sistema agroalimentario de la Unión Europea (UE) más saludable y sostenible, que dé respuesta a los retos demográficos y de cohesión territorial.
Los territorios rurales en despoblamiento enfrentan envejecimiento, baja natalidad y dificultades para atraer nuevas familias debido a servicios y equipamientos diseñados con criterios de mercado que no consideran sus particularidades. Las tecnologías de comunicación se implantan con dificultad, reduciendo el emprendimiento, y el aislamiento dificulta la cultura asociativa y cooperativa. Además, la baja rentabilidad agroforestal, la presión de mercados globalizados, el desequilibrio en las ayudas y la tendencia a la concentración urbana exacerban estos problemas, limitando las oportunidades especialmente para jóvenes y mujeres.
Sin embargo, el reconocimiento creciente de la economía sostenible y los valores ambientales y culturales del medio rural ofrecen una oportunidad para un nuevo modelo de desarrollo rural.
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Documento de propuestas para abordar el problema del despoblamiento y potenciar el relevo generacional en los pueblos: “Todavía estamos a tiempo”
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